El Gobierno tendrá "en cuenta" la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la subida de la tarifa de la luz a partir del 1 de julio, e intentará conciliar los intereses de los consumidores y de las empresas, aseguró hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión de hoy del Consejo de Ministros. "Tomaremos una decisión de forma motivada y razonada", afirmó la vicepresidenta, quien consideró que en la elaboración de la nueva orden ministerial sobre tarifas "el Gobierno tiene en cuenta el informe de la CNE". Fernández de la Vega recordó que el informe propone subidas de entre el 7% y el 11%, e indicó que el Ejecutivo se encuentra "estudiando la propuesta y la situación". La decisión "no está tomada" y se intentará "conciliar los intereses de las empresas, pero también el de los consumidores", ya que se tendrá en cuenta "lo relacionado con las tarifas sociales, dirigidas a proteger a los ciudadanos con menos recursos". Tras la propuesta de la CNE, el Ministerio de Industria debe elaborar un borrador de orden ministerial que remitirá al propio regulador para que, a su vez, emita un informe tras haberlo consultado con los agentes del sector. El Gobierno tendrá la última palabra sobre la revisión, que debe entrar en vigor el 1 de julio. La propuesta del organismo presidido por María Teresa Costa fue acogida con interés por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien el miércoles, el día en que la CNE hizo pública su recomendación, dijo que este planteamiento es "más razonable que lo que se había oído hace unos días", cuando se especuló con una posible subida del 20%. La subida que propone el regulador corresponde únicamente al capítulo referido a los costes de la energía, y no afecta a otras partidas como la tarifa de acceso a las redes y los peajes, cuya revisión se realiza una vez al año. El regulador acompaña además su propuesta de distintos escenarios en función de la evolución de los precios de la electricidad. Junto a esto, ofrece alternativas para que aliviar la carga que soporta el sistema, entre ellas la de retirar de la tarifa las primas al régimen especial y el importe de los planes de eficiencia y ahorro energético. POR ENCIMA DEL IPC Después de aplicar en enero una subida del 3,3%, Industria decidió congelar las tarifas en la última revisión, realizada en abril, en un momento marcado por las elecciones generales y la constitución de un nuevo Gobierno. El Ejecutivo se había comprometido durante la pasada legislatura a aplicar subidas de la tarifa por debajo de la inflación, a pesar de que en el sector, CNE incluida, se advertía de que el problema del déficit iba en aumento y de que tarde o temprano sería necesario aplicar subidas que reflejasen el precio real de la electricia. Durante 2007, cuando el IPC se situó en el 4,2%, la tarifa para los hogares --tarifa 2.0.x, que afecta a unos 20 millones de usuarios-- subió un 2,98%, mientras que en 2006 lo hizo un 5,28%. En 2005 el incremento fue del 1,74%, frente al 1,48% de 2004 y el 1,5% de 2003. Sólo en 2006 el incremento de la tarifa superó al del IPC. En cuanto a los consumidores industriales, el precio por la electricidad creció más deprisa que la inflación en los últimos años. Las subidas para este colectivo en el conjunto de 2007 fueron del 7,37%, frente al 10,89% de 2006, el 1,73% de 2005, el 1,68% de 2004 y el 2,09% de 2003. LA POSTURA DE LA CNE En su propuesta, la CNE despliega un argumentario técnico para aconsejar acerca de cuánto debería costar la luz y de los cambiso regulatorias que deberían afrontarse. Segúbn dice, el coste de generación actual de 53,67 euros por megavatio hora (MWh) debería subir un 11,3% para alcanzar los 66,14 euros por MWh para ponerse a la altura del mercado y no generar un déficit adicional. Más aún, advierte de que si finalmente se considerase un precio incluso superior a los 66,14 euros por MWh, se produciría un exceso de ingresos que serviría para compensar parte del déficit que se acumula por el déficit 'ex ante' reconocido en las tarifas de acceso. Además, aprovecha para advertir de que podría ser necesaria una revisión del marco regulatorio actual de los mercados mayoristas eléctricos, ya que los cambios en el modelo --cancelación de la regulación de los costes de transición a la competencia (CTC), modificación del mecanismo de garantía de potencia y sustitución por el sistema de pagos por capacidad, así como introducción de los derechos de emisión de CO2-- podrían haber afectado negativamente a su eficiencia. En esta línea, en la próxima reunión de su consejo, tomará en consideración una aproximación a una cuantificación de la brecha existente entre los precios del mercado, que determinan actualmente la retribución de toda la generación, y el coste del 'mix' energético que abastece los mercados, informe que completará la propuesta al Ministerio de Industria. Además, la CNE cree también necesaria la actualización del concepto de la tarifa social, considerando parámetros de ingresos y no parámetros eléctricos; así como que se actualice la asignación del concepto de pagos por capacidad, en línea con los ingresos que por este concepto reciben los generadores.
